Sociedad organizada presenta a la Jucopo propuestas para el PVD

En un ejercicio inédito de unidad y participación, un contingente conformado por más de 50 personas representantes de la sociedad civil organizada, acudieron al Congreso del Estado para hacer entrega formal del documento con propuestas derivadas del análisis del Plan Veracruzano de Desarrollo 2018 – 2024.

Juan José Sierra Álvarez, presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), explicó en rueda de prensa, que este documento es un gran esfuerzo ciudadano que busca enriquecer el PVD, desde la perspectiva y experiencia de las personas que han dedicado su actividad profesional y de vida a distintos rubros

.Este sinergia de corresponsabilidad con la ciudadanía, forma parte de la campaña “Participo, Voto y Exijo”, que da continuidad a los “Debates Ciudadanos”; de ahí que se convocara a la sociedad en general para realizar el análisis de los ejes principales del PVD en 13 mesas de trabajo.

“Hicimos una convocatoria a la sociedad en general y la respuesta rebasó nuestras expectativas, pues más de 150 representantes de la sociedad civil organizada, entre Cámaras Empresariales, Universidades, Fundaciones y Organizaciones no gubernamentales, se abocaron a analizar en 13 mesas de trabajo, los 6 principales ejes del PVD, que finalmente resultó en un documento con aportaciones constructivas, bajo una metodología con indicadores y metas que contribuirán a la mejora del plan”, afirmó Sierra Álvarez


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Agregó también que esta corresponsabilidad abona a la gobernanza y a la democracia participativa, “porque creemos que como sociedad estamos obligados a participar y aportar”, puntualizó.

Entre las mejoras que se propusieron, destaca la de conformar un Consejo Ciudadano de Vigilancia Gubernamental, Seguridad y Justicia, como un organismo autónomo, integrado por líderes sociales y académicos expertos, con reconocimiento legal, que reúna el trabajo colaborativo de Gobierno – Academia – Sociedad civil.

En el caso del eje de gobernanza y participación ciudadana, se propone la implementación de un gobierno abierto que la fortalezca e incremente la participación ciudadana.

Para el área de desarrollo económico, la propuesta general fue clara: el gobierno no puede hacerlo solo, es necesario que se asuma como eje articulador de los programas triple hélice (empresa – universidad – gobierno).

Además de propuestas específicas como incrementar al 100% la producción del sector primario y el incremento del PIB del sector secundario, con una tasa de crecimiento anual del 3% sostenible; para lo cual se necesita fortalecer las ocho zonas metropolitanas del estado y crear una nueva en la ciudad de Tuxpan.

En cuanto a la política económica, se recomienda que el PVD debe ser más específico en cuando a qué leyes secundarias son las que menciona que deben ser revisadas y actualizadas, principalmente en puertos, ciudades medias, ciudades industriales, ciudades petroleras y ciudades turísticas; así como que además de mencionar el estado de precariedad y mantenimiento, se debe añadir la necesidad de inversión productiva en infraestructura tecnológica y no solo para el estado de Veracruz, sino sus zonas colindantes.

Aunado a eso, el PVD no menciona la parte de infraestructura energética, ni eléctrica ni de ninguna otra. Los expertos manifestaron que es importante tener un diagnóstico de infraestructura energética que nos permita, por ejemplo, alcanzar la meta de 100% de la población con energía eléctrica.

En la sección de salud, se plantea incluir a la cirugía como un aspecto fundamental en la mejora de la salud y el bienestar, lo que implica medir el acceso a cirugía segura y asequible y desarrollar un plan estatal de cirugía.

En el tema de la educación, el análisis dio como resultado la ausencia de estrategias, objetivos e indicadores relacionados con el logro educativo; indicadores que permitan identificar metas sobre el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología y sobre educación ambiental; además de que en el PVD no se contempla atender el rol que tiene la estructura administrativa del sistema educativo para relacionar logro con capacidad de supervisión del sistema.